» ¿Qué están comiendo nuestros escolares y qué controles garantizan que los alimentos entregados por el Estado sean seguros? Una investigación realizada en comunidades awajún de la Amazonía peruana vuelve a poner esta pregunta en el centro del debate sobre salud pública, alimentación escolar y derechos de la niñez.
El estudio reportó residuos de glifosato en tres de cuatro muestras de alimentos recogidas en 2023 en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Aunque los resultados son exploratorios, plantean la necesidad de investigar más y comprobar la calidad de los productos distribuidos.
La preocupación adquiere especial importancia cuando los estudiantes viven en internados y dependen de la alimentación pública durante buena parte del año. No se trata de generar alarma, sino de exigir información verificable, prevención sanitaria y respuestas oportunas.
Glifosato en alimentos escolares: qué reveló la investigación amazónica
La investigación nació de una inquietud de docentes de comunidades awajún que querían conocer la calidad de los alimentos consumidos por sus estudiantes. Las muestras fueron analizadas para detectar la presencia de glifosato, un herbicida utilizado para controlar malezas.
Los resultados reportaron residuos de esta sustancia en muestras de leche evaporada, conserva de pavo y galletas integrales vinculadas con la alimentación escolar. En el arroz analizado, el resultado quedó por debajo del rango cuantificable del ensayo utilizado.
Es importante comprender el alcance del hallazgo: solamente se analizaron cuatro muestras peruanas y un plaguicida. Por eso, los resultados no permiten afirmar que todos los productos escolares estén contaminados ni establecer por sí solos un daño a la salud infantil.
Por qué los resultados exigen más análisis y vigilancia sanitaria
Un estudio exploratorio funciona como una primera señal que ayuda a identificar preguntas pendientes. En este caso, corresponde examinar más muestras, incorporar diferentes lotes y productos, conocer su procedencia y verificar si los resultados se repiten mediante métodos analíticos apropiados.
También es necesario determinar las concentraciones detectadas, los límites aplicables a cada alimento y la posible exposición de quienes lo consumen. La detección de un residuo no equivale automáticamente a demostrar intoxicación, pero tampoco justifica ignorar una señal que merece evaluación.
La investigación tampoco analizó todos los plaguicidas que podrían estar presentes en los productos. Por ello, un programa serio de vigilancia debe evaluar las sustancias pertinentes según el tipo de alimento, su origen, las prácticas agrícolas y la evidencia científica disponible.
Qué es el glifosato y cómo se evalúan sus posibles riesgos
El glifosato es un herbicida empleado para controlar plantas consideradas malezas en distintas actividades agrícolas. Su utilización y sus posibles efectos han generado debates científicos y regulatorios internacionales sobre la exposición humana, el ambiente y las condiciones de uso.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo clasificó como probablemente carcinógeno para los seres humanos. Esta categoría identifica un peligro potencial, pero no determina por sí misma el riesgo asociado a una dosis concreta presente en un alimento.
Para evaluar el riesgo alimentario se consideran la concentración, la cantidad consumida, la frecuencia de exposición, las características de la población y la calidad de los datos toxicológicos. En el caso escolar, faltan mediciones suficientes para establecer la exposición real de los estudiantes investigados.
La sentencia del Tribunal Constitucional cambia las obligaciones del Estado
El debate tiene un antecedente jurídico fundamental. En julio de 2026, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda relacionada con la insuficiente vigilancia de determinados plaguicidas y ordenó medidas para reforzar la protección de la salud, la vida, el ambiente y los derechos de los consumidores.
La sentencia del Expediente N.° 03269-2023-PA/TC dispuso la suspensión temporal de la venta, distribución y uso de productos fitosanitarios que contengan clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin, cuando estén destinados a producir alimentos de origen vegetal para el consumo interno.
La medida tiene carácter precautorio y temporal. Su continuidad, modificación o eventual levantamiento depende de las condiciones fijadas judicialmente, entre ellas una reevaluación técnico-científica y la implementación de mecanismos suficientes de control, trazabilidad y respuesta sanitaria.
La Resolución Directoral de septiembre precisa cómo aplicar la suspensión
El 9 de septiembre de 2026 se emitió la Resolución Directoral N.° D000015-2026-MIDAGRI-SENASA-DIAIA, que dispone implementar el mandato judicial dentro de las competencias de la autoridad sanitaria agraria. Se trata de una disposición administrativa vinculada con el cumplimiento de la sentencia.
La resolución ordena intensificar las acciones de fiscalización, comunicar el alcance de la medida a establecimientos autorizados y mantener registros de las actuaciones realizadas. También dispone elaborar y actualizar una relación de productos registrados que contengan las sustancias activas comprendidas.
La suspensión no equivale, por sí sola, a la cancelación automática de todos los registros de esos productos ni se aplica indistintamente a cualquier destino. Su alcance está delimitado por el mandato judicial y se refiere a los usos destinados a producir alimentos de origen vegetal para el consumo interno.
Alimentación escolar segura: controles desde el proveedor hasta la mesa
La seguridad alimentaria requiere controles que permitan conocer el origen de los productos, sus condiciones de elaboración, almacenamiento, transporte y entrega. Si aparece una alerta sanitaria, las autoridades deben poder identificar los lotes involucrados y determinar dónde se distribuyeron.
En los programas escolares, el control no debe limitarse a revisar documentos o comprobar que los envases estén cerrados. También debe contemplar evaluaciones de laboratorio basadas en riesgos, protocolos de respuesta y procedimientos para inmovilizar o retirar productos cuando corresponda.
Las familias y los docentes necesitan información comprensible sobre los resultados de los controles. Publicar los análisis, explicar qué significan y comunicar las medidas adoptadas permite verificar si las instituciones cumplen sus obligaciones y si las alertas reciben una respuesta efectiva.
Las comunidades awajún deben participar en las decisiones alimentarias
La inquietud que dio origen a la investigación demuestra la importancia de la sociedad civil. Los docentes y las comunidades no esperaron a que el problema ocupara la agenda pública: preguntaron por la calidad de los alimentos y promovieron una evaluación para conocer mejor lo que recibían sus estudiantes.
Su participación debe continuar mediante comités de vigilancia, reuniones informativas, canales de denuncia y acceso oportuno a los resultados de laboratorio. Estas acciones no sustituyen la responsabilidad del Estado, pero ayudan a detectar problemas y a exigir que se cumplan las medidas correctivas.
También corresponde escuchar las preferencias culturales y alimentarias de los pueblos amazónicos. Promover productos locales frescos puede contribuir a una alimentación más pertinente y fortalecer las economías comunitarias, siempre que se aseguren las condiciones sanitarias, la conservación y la continuidad del abastecimiento.
Qué medidas concretas debe impulsar el Perú desde ahora
La primera tarea consiste en realizar un estudio ampliado de los alimentos escolares, con un muestreo representativo, laboratorios competentes, métodos validados y resultados transparentes. Deben identificarse los productos y lotes evaluados, las concentraciones detectadas y los criterios técnicos aplicados.
La segunda es verificar el cumplimiento de las disposiciones judiciales y administrativas, incluyendo la reevaluación de los plaguicidas comprendidos y el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad. Las instituciones competentes deben informar los avances, las dificultades y las medidas adoptadas.
La tercera es asegurar que docentes, familias, organizaciones indígenas, productores y consumidores participen en la vigilancia. Proteger la alimentación escolar exige coordinación institucional, presupuesto para análisis independientes, educación alimentaria y respuestas oportunas cuando se detecten incumplimientos.
La salud de los escolares necesita evidencia, transparencia y prevención
Los resultados de Condorcanqui no permiten generalizar que la alimentación escolar peruana esté contaminada. Sí justifican ampliar la investigación y responder preguntas pendientes sobre la calidad de los productos, la exposición a plaguicidas y la eficacia de los controles sanitarios.
La sentencia constitucional establece obligaciones concretas en materia de vigilancia y protección de los consumidores. Cumplirlas requiere acciones verificables, información pública y coordinación entre las instituciones responsables de la producción, el control sanitario y la alimentación de la población.
La pregunta planteada por las comunidades amazónicas merece una respuesta nacional: ¿cómo garantizar que los alimentos entregados a los escolares sean seguros? La sociedad civil ya contribuyó a visibilizar el problema. Ahora corresponde que la evidencia se convierta en prevención, fiscalización y confianza pública.
Enrique Rodríguez Morales
Economista / Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Experto en desarrollo regional, conectividad fronteriza, comercio exterior y geopolítica amazónica.
Director Ejecutivo del Grupo Técnico de Iquitos
Autor, Historiador y Empresario cultural de Iquitos
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Fuentes: Sentencia del Tribunal Constitucional: Expediente N.° 03269-2023-PA/TC,
Resolución Directoral N.° D000015-2026-MIDAGRI-SENASA-DIAIA,
Tribunal Constitucional: suspensión temporal de cinco plaguicidas,
MINSA: Norma Sanitaria sobre límites máximos de residuos de plaguicidas,
Organización Mundial de la Salud: residuos de plaguicidas en alimentos